En el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fueron sustraídos de una bodega en Monterrey, Nuevo León, millones de documentos sobre 31 empresas que fueron privatizadas en la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– Millones de documentos contables, legales y administrativos de 31 empresas privatizadas por Carlos Salinas de Gortari, entre ellas Corporación Mexicana de Radio y Televisión —que se convirtió en Televisión Azteca—, Aeronaves de México —Aeroméxico—, Fundidora Monterrey y Maíz Industrializado Conasupo, fueron robados de las bodegas que los resguardaban, en un episodio de saqueo que dejó sin memoria histórica esas decisiones de Gobierno.
Los documentos originales depositados en casi 50 mil cajas, con un peso de más de 150 toneladas de papel, simplemente desaparecieron de las bodegas de Monterrey, Nuevo León, que se quedaron sin vigilancia, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó sin dinero el fideicomiso que administraba el histórico y voluminoso acervo.
Ocurrió en 2010, en el Gobierno de Felipe Calderón, después de que la falta de presupuesto para pagarle a la empresa de vigilancia dejó en el abandono las bodegas, aseguradas sólo con un candado en el portón que también se llevaron los ladrones.
Fue Miguel Arnulfo Ramos Salgado, funcionario del Grupo Financiero Banorte, la institución fiduciaria, quien informó a los funcionarios de la SHCP, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que el inmueble “fue objeto de vandalismo y sustracción”.
El oficio de Ramos Salgado, fechado el 9 de agosto de 2010, describe todo lo que se llevaron los ladrones:
“Fue forzado y sustraído el portón de entrada y acceso al inmueble.
“Fueron forzadas todas y cada una de las bodegas en las cuales se contenían los libros y documentos inherentes a las EMPRESAS LIQUIDADAS (sic)
“Fue sustraída toda la documentación resguardada y relacionada con las EMPRESAS LIQUIDADAS.
“Fue sustraído todo el mobiliario, bienes y equipo de oficina que existía dentro del inmueble mencionado”.
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Los ladrones se llevaron todo. Hasta el portón y el candado.
El propio funcionario bancario ya había advertido a la SHCP, desde un año antes, de los riesgos de robo si no abastecía de recursos: En un oficio del 4 de septiembre de 2009, informó que, “al no existir recursos en el patrimonio del fideicomiso”, se dio por terminado el contrato con la empresa de vigilancia y sólo se cambiaron chapas y se colocó un candado en el portón “para evitar un acto vandálico”.
Y eso fue lo que ocurrió.
Este robo de millones de documentos de empresas privatizadas por Salinas de Gortari, cuyas responsabilidades han quedado sepultadas por el paso de los años, emergió a raíz de una investigación que emprendió Oscar Torres Montúfar, historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Como parte de su investigación sobre la historia de la industria del azufre en el sur de Veracruz, solicitó a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) la documentación de Azufrera Panamericana, una paraestatal liquidada en 1993, pero la respuesta fue que los documentos ya no existen.
Y sí: Fueron robados, en 2010, como consta en numerosos documentos oficiales de la SHCP.
Eran un millón 249 mil 302 expedientes originales con información contable, administrativa y legal de 31 empresas liquidadas por el Gobierno de Salinas de Gortari, depositados en 48 mil 612 cajas, según la base de datos del Fideicomiso 7694 de Banorte.
Todos los papeles originales se concentraron, entre 1994 y 2001, en las bodegas ubicadas en la avenida Churubusco 935, en la colonia Venustiano Carranza, en Monterrey, donde permanecieron por años.
En 2007, se conoció el acervo de estos documentos con el diagnóstico aplicado a los archivos de las empresas privatizadas por el Instituto de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora, presidido por Ramón Aguilera Munguía.
Estas empresas eran Corporación Mexicana de Radio y Televisión, Instituto Mexicano de Televisión, Azufrera Panamericana, Petroquímica de México, Compañía continental de Películas, Maíz Industrializado Conasupo, Fertilizantes Mexicanos, Corporación Nacional Cinematográfica, Fundidora Monterrey, Internacional de Aceros y Sidermex Internacional.
También Siderúrgica del Balsas, AHMSA, Fábrica Nacional de Máquinas y Herramientas, Aeronaves de México, Servicios Centrales de Instrumentación y Laboratorios, Publicidad Cuauhtémoc, Nuevas Distribuidoras de Películas, Corporación Nacional Cinematográfica, Centro de Ecodesarrollo.
Además, Patronato Nacional de Promotores Voluntarios, Ferroaleaciones México, Banobras Mandato 398, Zincamex, Transermex, Inversiones Urbanas Monterrey, Industrias Flir, Dravo de México, CIA Constructora y Fraccionadora, Transportes Centrales y Petroquímica de México.
El fideicomiso de Banorte contrató al Instituto de Estudios Históricos “Carlos Sigüenza y Góngora” para realizar un diagnóstico de los archivos de las empresas, que recomendó realizar una mejor clasificación de los expedientes y señaló “algunos focos rojos” sobre la integridad de los mismos.
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Pero el dato que resalta es la cantidad de los documentos: Esta institución contabilizó 44 mil 200 cajas y un millón 249 mil 302 legajos o expedientes de cada una de las empresas privatizadas.
Y todo eso fue robado, en 2010, debido a que el Fideicomiso se quedó sin recursos asignados por la SHCP, como consta, por ejemplo, en un oficio, fechado el 8 de octubre de 2009, en el que se solicitó recursos al director general de Programación y Presupuesto B de esa dependencia, ante “los riesgo que se corre por la falta de servicios, entre otros los de vigilancia”.
El 9 de agosto de 2010, Miguel Arnulfo Ramos Salgado, del Grupo Financiero Banorte, informó del robo de los documentos a Max Alberto Diener Sala, Carlos Cortizo Martínez, Naachiely Romero López y Ana Luz Brun Iñárritu, todos funcionarios de la SHCP,
En el documento detalla que la SHCP, en su carácter de fideicomisario dentro del fideicomiso, con la finalidad de resguardar y custodiar dicha documentación, puso a disposición de los liquidadores las bodegas para resguardar la documentación de las empresas liquidadas.
Y añade: “Que reiteradamente esta institución fiduciaria ha comentado y comunicado al SAE que con fundamento en lo establecido en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la imposibilidad de cumplir con los fines pactados en el contrato de fideicomiso de referencia, al no existir recursos líquidos en el patrimonio del fideicomiso para cubrir con los gastos de mantenimiento, custodia, conservación y vigilancia de la documentación de las EMPRESAS LIQUIDADAS (sic), siendo que incluso a la fecha no ha existido aportación alguna de recursos para hacer frente a dichos gastos”
Dos semanas después, el 23 de agosto, Carlos Cortizo Martínez, director ejecutivo, le envía a su jefe, Jorge Márquez Serralde, director ejecutivo de Liquidación de Empresas del SAE, el oficio del de Banorte sobre el robo de los millones y toneladas de documentos, cuya responsabilidad se pierde en la maraña de instancias burocráticas hacendarias en el Gobierno de Calderón.
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